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Por despidos injustificados y abusos, llueven amparos contra Édel Álvarez Peña PTSJE

El uno de diciembre de 2016, el magistrado Edel Humberto Álvarez Peña fue electo presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado para el periodo 2016-2019. En ese momento iniciaba una nueva etapa, inimaginable para el personal de dicho poder, pues ya se caracterizaba por incontables abusos.
El golpe de suerte llegó a su vida después de que Fidel Herrera Beltrán lo hiciera magistrado, ahora es encumbrado por Miguel Ángel Yunes Linares.
Recién tomó protesta, inició con un sinnúmero de destituciones injustificables, sobretodo de aquellos que tenían alguna cercanía con el expresidente de dicho poder, Alberto Sosa Hernández,como si se tratará de una venganza personal.
Decenas de afectados han levantado la voz, pero muchos otros se mantienen atemorizados y sumisos. Algunos jueces, despedidos sin mediar su carrera judicial y aprobación de exámenes de oposición, fueron arrojados a las filas del desempleo, incluso han aceptado desempeñarse en cualquier área para evitar ser perseguidos por la actual administración. 
Otros magistrados, pese a las amenazas, han optado por la acción legal y la defensa de sus derechos. 

Uno de los jueces destituido, Arturo Christfield Lugo, solicitó en marzo de éste año la protección de la justicia federal a través de la promoción del amparo 422/2017 para que se le restituyera como Juez de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar en Coatzacoalcos; días después el Juez Decimocuarto de Distrito resolvió en audiencia incidental que Edel Álvarez tenía que reinstalar al promoverte y así se le notificó.
Sin importar que se trataba de una determinación de un juez federal, Álvarez Peña decidió desacatar y no reinstaló a Christfield Lugo. En mayo, se ordenó mediante suspensión definitiva a Edel que tenía que cumplir, pero éste una vez más desatendió la decisión.
A decir de Álvarez Peña, no podrían cumplir la determinación pues no contaban con el recursos para reinstalar al juez, tratando así de justificar con oficios girados a la Secretaría de Finanzas donde solicitaba ampliación al presupuesto.
Obligado a obedecer 

En junio, el juez despedido por el Presidente del Poder Judicial de Veracruz interpuso el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva que se resolvió posteriormente, aduciendo que Edel estaba tratando de burlar al órgano jurisdiccional de la federación, pues sus argumentos para incumplir eran ineficaces, intentando desvirtuar el incumplimiento en el que incurría.
El Poder Judicial de la Federación, mediante el actuar, determinación y resoluciones de los jueces de distrito han advertido a Edel que de continuar en la negativa de obedecer las resoluciones, se dará vista al Ministerio Público Federal para que se le investigue por el delito de desacato, sancionado y previsto en el artículo 262 de La Ley de amparo que establece lo siguiente: 
Artículo 262 de la Ley de Amparo 

“Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión:
I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad;
II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo;
III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;
IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y
V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo”.
Además el poder judicial le ha precisado a Álvarez Peña que “tiene aplicación al caso la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Volumen LX, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época de rubro y texto siguientes”:
“La ejecución de los autos de suspensión es de orden público y todas las autoridades del país están obligadas a velar por su eficaz e inmediato cumplimiento. Asimismo, el artículo 206 de la Ley de Amparo, no es sino reglamentación del precepto contenido en la fracción XVII del artículo 107 constitucional, al disponer que ‘La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será castigada con la sanción que señala el artículo 213 del Código Penal, por cuanto a la desobediencia cometida’. Esto es, prisión de seis meses a seis años, multa de veinticinco a mil pesos y destitución de empleo”.
Ante tal advertencia, a Edel Álvarez, hoy calificado por personal de la propia institución como el peor en la historia de Veracruz, no le ha quedado de otra que acatar las órdenes federales.

Incluso jueces federales lo han acusado de tratar de engañar, confundir o burlar a la justicia federal con argumentos y argucias absurdas y fuera de toda lógica legal.
Juzgados no se han salvado

El magistrado presidente del Poder Judicial de Veracruz también ha desaparecido juzgados en los distritos judiciales de Misantla, Xalapa, Córdoba y Orizaba

En el noveno mes de su gestión, de nueva cuenta arremetió en contra de jueces, secretarios y empleados de diversos órganos jurisdiccionales, puesto que ordenó (con el apoyo del Consejo de la Judicatura) la desaparición de los Juzgados Tercero de Primera Instancia de Tuxpan, con residencia en Álamo Temapache; Primero de Primera Instancia de Papantla; Primero de Primera Instancia de Misantla; Primero de Primera Instancia de Coatepec; Tercero de Primera Instancia de Córdoba; Tercero y Primero de Primera Instancia de Orizaba; Quinto de Primera Instancia de Veracruz.
También fueron eliminados el Primero de Primera Instancia de Acayucan; Primero de Primera Instancia de Jalacingo; y, Primero de Primera Instancia de Cosamaloapan; así como también el cambio de denominación y competencia de los Juzgados Mixtos Menores de los distritos judiciales de Pánuco, Tuxpan, Papantla, Misantla, Acayucan, Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla.
El hoy magistrado ha soslayado, por desconocimiento o mala fe, que los jueces no son trabajadores de confianza sino que pertenecen a una categoría de servidores públicos sui géneris, por lo que no pueden ser removidos como Edel Álvarez lo ha hecho. 
No obstante, el presidente del Poder Judicial del Estado de Veracruz dio por concluida las relaciones laborales de juzgadores y secretarios (de acuerdos y de estudios y cuenta) que a diferencia de él –señalaron empleados- han dedicado sus vidas al servicio de la sociedad veracruzana en el ejercicio de la carrera judicial local.

Recomendados 

y amigos integran las filas 

Los despidos de Álvares Peña han tenido como fin insertar a conocidos, recomendados y amigos suyos; personas que sin ningún mérito judicial, salvo su cercanía con él, están ocupando importantes cargos de jueces, secretarios y defensores. 
Para fortuna –dicen los afectados- la Justicia Federal no se ha dejado amedrentar ni corromper y ha hecho valer todo su peso para que mediante requerimientos, apercibimientos, multas y tramitación de incidentes de violación a la suspensión provisional, que pueden traer como consecuencia la remoción del cargo y la consignación ante la justicia penal del Presidente, se haga valer la ley. 
Como lo ha denunciado la magistrada Concepción Flores Saviaga, el Consejo de la Judicatura del Estado ha designado de manera arbitraria e ilegal a jueces que no tienen la experiencia ni el perfil para desempeñar el cargo.
Flores Saviaga ha argumentado que la falta de experiencia de los magistrados ha afectado el funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal, en perjuicio de los ciudadanos, además del derecho laboral y familiar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional que el estado solicite requisitos inferiores a los establecidos en la Constitución federal para ocupar el cargo de juez local y magistrados.
Dentro de los requisitos para jueces, por ejemplo la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de Veracruz establece en su artículo 55, títulos académicos y “la buena reputación”, acreditar el curso implementado por el plan de estudios del Instituto de Capacitación del Poder Judicial del Estado, en las materias respectivas y participar en el examen de oposición que se convoque al efecto y aprobarlo en los términos que señale la convocatoria respectiva, acciones que no han llevado a cabo los jueces impuestos por Edel.
Todo lo anterior no ha satisfecho el inmenso apetito del presidente del TSJ, quien aunado a lo anterior ha impulsado una reforma ante el supeditado Poder Legislativo Local -quien como en los mejores tiempos de Javier Duarte de Ochoa, “ni tardo ni perezoso” la aprobó: consiste en el retiro forzoso de jueces y magistrados; los primeros a los 65 y los segundos a los 70 años. 
Con esa acción, aseguran magistrados, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y su cercano aliado Edel Álvarez Peña, buscan hacerse de más de una docena de magistraturas para repartir entre sus incondicionales y cómplices.

 
Fuente: IMAGEN DEL GOLFO

Foto: Formato 7

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