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Denuncia ASF desvíos de 650 mdp en Sedesol durante administración de Robles y Meade

Se trata de la cuarta denuncia que interpone la ASF ante la PGR por posibles desvíos en Sedesol en 2015, con universidades involucradas.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso una nueva denuncia penal ante la PGR contra los funcionarios que resulten responsables, por un presunto esquema de simulación de servicios que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y tres universidades públicas del Estado de México ejecutaron, a lo largo de 2015, y que derivó en el desvío de más de 600 millones de pesos.

La denuncia penal involucra tres contratos entre la Sedesol y universidades mexiquenses, así como 20 empresas supuestamente fantasma, contratadas para brindar servicios que se presume no se realizaron, y que a su vez se encuentran vinculadas con la red de compañías de “La Estafa Maestra”.

Los contratos y pagos por estos servicios se efectuaron en las gestiones de Rosario Robles (titular de la Sedatu actualmente), y José Antonio Meade (hoy precandidato del PRI a la presidencia), al frente de Sedesol.

El 30 de enero de 2015, con Robles al frente de la Sedesol, la dependencia suscribió tres convenios con igual número de universidades. Uno por 136 millones 85 mil pesos con la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México (UTSEM); otro con la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), por 319 millones 121 mil pesos, y el tercero con la Universidad Politécnica de Texcoco (UPT), por 156 millones 478 mil pesos.

La vigencia original de dichos convenios fue del 30 de enero al 30 de noviembre de 2015. El objeto social en todos fue similar: supervisar que los recursos federales que se entregan a estados y municipios, como parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, se aplicaran correctamente.

Los convenios, como es el común denominador en el modus operandi de “La Estafa Maestra”, se entregaron sin licitaciones ni competencia alguna, aprovechando una excepción en la Ley de Adquisiciones que permite dar adjudicaciones directas a instituciones públicas, con la condición de que éstas puedan realizar el trabajo.

Los pagos de Sedesol a las universidades se realizaron en tres partes, todos ellos en las mismas fechas. El 6 de abril de 2015, la dependencia entregó 47.6 millones a la UTSEM, 111.6 millones a la UTN y 54.7 millones a la UPT; el 6 de julio se transfirieron  34 millones a la UTSEM, 79.7 millones a la UTN y 39.1 millones a la UPT.

Finalmente el 4 de septiembre de 2015, ya con Meade a la cabeza de la Sedesol, se hicieron las transferencias más grandes por universidad: 54.4 millones a la UTSEM, 127.6 millones a la UTN, y 62.6 millones a la UPT.

Además de estas cantidades, la ASF descubrió que la Sedesol de Meade desembolsó 62 millones 142 mil pesos extra por supuestos servicios realizados de septiembre a noviembre de 2015.

Estas adecuaciones se autorizaron mediante tres oficios, fechados del 30 de diciembre de 2015, así como el 2 y 24 de febrero de 2016.

La simulación

En vez de cumplir con la tarea que se les asignó, las tres universidades transfirieron el cien por ciento de los servicios que deberían realizar a terceros, a los que también entregaron el 99 por ciento del dinero recibido, es decir, unos 605 millones de pesos.

De esta forma se violó lo pactado en los convenios, en los que se estipulaba que las instituciones educativas tendrían que ejecutar por sí solas la mayor parte de los servicios.

Pero esta irregularidad no fue idea de las universidades, sino de la propia Sedesol. En todos los casos, señalan las auditorías forenses de la ASF, fue la dependencia la que firmó “anexos” con las instituciones educativas, en donde estas acordaron transferir los recursos a empresas que la propia Sedesol “recomendó”.

Peor aún. Las universidades y la Sedesol argumentaron que los servicios fueron realizados a través de más de mil 200 personas denominadas Coordinadores Técnicos Sociales (CTS), que supuestamente supervisaron los programas sociales y que, a cambio, recibieron un salario pagado con los recursos de los convenios.

Sin embargo, los auditores señalaron que lo anterior no pudo ser real porque las empresas subcontratadas originalmente por las universidades, y a las que les fue transferido el dinero, en realidad no pagaron a ningún CTS, sino que enviaron el dinero a otro puñado de compañías.

“Lo anterior permite presumir un esquema de simulación de servicios, por un importe total de 611,711.9 miles de pesos (611 millones de pesos)”, indicaron los auditores.

 

Tomado de http://www.animalpolitico.com/2018/02/denuncia-sedesol-desvio-auditoria/

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